Paro de 72 horas en las universidades y alerta por el 2026

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno nacional y convocó a un nuevo paro docente de 72 horas que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La medida fue aprobada por “amplia mayoría” durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, que reunió a representantes de sindicatos de base de todo el país, entre ellos Coad, Feduba, Adum, Adiuc y AGDU.

El reclamo central apunta a la urgente actualización salarial y a la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Federación advirtieron que el Ejecutivo mantiene un “recorte salarial de facto” y confirmaron que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán con una presentación judicial para exigir la reapertura inmediata de las paritarias.

Según la entidad gremial, el deterioro del salario docente y el congelamiento presupuestario están afectando el funcionamiento de las universidades públicas. “Si el Gobierno persiste en su negativa a aplicar la ley, el conflicto escalará y pondrá en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026”, alertaron desde CONADU.

 

Advertencia por el ciclo lectivo 2026

En un contexto de tensión creciente entre el sistema universitario y la administración nacional, la federación anticipó que no iniciará las clases del próximo año si no hay respuestas concretas.

El consenso fue total dentro del Plenario: la medida de fuerza de 72 horas será el primer paso de una estrategia más amplia que podría incluir la suspensión del ciclo lectivo hasta que se cumpla la ley y se reabran las negociaciones salariales.

El reclamo se da en medio del debate por el Presupuesto 2026, luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, confirmara que la Ley de Financiamiento Universitario no será implementada. Si bien el funcionario aseguró que habrá un aumento nominal del 17,6 % en la inversión educativa, los gremios denuncian una pérdida salarial acumulada superior al 40 %.

“La indiferencia oficial agrava el deterioro del sistema y empuja al conflicto”, señalaron desde la Federación, que además mantiene una coordinación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que ya resolvió presentar una acción de amparo para exigir el cumplimiento de la norma.